Armando Sánchez, quien estuvo al frente de la Intendencia de Pocito hasta diciembre de 2023, junto a varios integrantes de su equipo de gobierno, fue imputado por el Tribunal de Cuentas de San Juan tras detectarse 25 observaciones en la gestión administrativa del último año de su mandato. La auditoría reveló movimientos sin respaldo documental, contrataciones que no respetaron los procedimientos legales y gastos que, en su conjunto, alcanzan un monto cercano a los 120 millones de pesos.

Los funcionarios involucrados ya fueron notificados y se encuentran dentro del plazo legal para presentar descargos que podrían desvincularlos de las responsabilidades patrimoniales señaladas.

El análisis del organismo de control puso el foco en el tramo final de la administración de Sánchez, dirigente identificado con el uñaquismo y exministro de Desarrollo Humano de la provincia, que dejó el municipio en manos del actual intendente, Fabián Aballay.

Uno de los hechos más graves tiene que ver con una adenda contractual firmada con la empresa Hormigones de Cuyo, correspondiente a una obra de repavimentación en calle Maurín. Según el Tribunal, no se hallaron documentos que justifiquen el cálculo para la redeterminación de precios ni constancias de avance de obra, aunque se autorizó un pago por casi 49,8 millones de pesos. Por esta situación, fueron imputados el exintendente Claudio Collado Moll, exsecretario de Administración y Hacienda y José Luis Martín, exresponsable de Obras y Servicios Públicos, según informó el portal 0264 Noticias.

Otra observación importante recae sobre la colocación de juegos infantiles y equipamiento deportivo suministrado por la Secretaría de Deportes. Las empresas señaladas en esta operatoria –realizada sin contratos ni facturas que la respalden– son Hormigones de Cuyo, Yohmelju y Bulk SAS. El monto observado se aproxima a los 16 millones de pesos. En este caso también figuran Sánchez, Collado Moll, la exsecretaria de Acción Social Lucía Altamirano y el exdirector de Deportes Néstor Font Oliver.

Asimismo, el Tribunal objetó un operativo de limpieza y riego que superó los 9 millones de pesos, en el cual no se encontraron evidencias de contratos, facturación ni registros que acrediten la ejecución del servicio. Por esta situación, nuevamente fueron apuntados Sánchez, Collado Moll y Martín.

A estos señalamientos se suman otras compras por alrededor de 6 millones de pesos cada una. Una de ellas fue la adquisición de insumos y trabajos para el mantenimiento de espacios verdes a través de la firma Más Negocios, y otra fue la compra de equipamiento urbano a la empresa Crucijuegos, que no cumplía con los requisitos para realizar contrataciones directas. En ambas operaciones, el Tribunal advirtió la falta de documentación que acredite la recepción de los bienes o su ingreso al inventario municipal.

También fueron detectadas dos erogaciones superiores a los 5 millones de pesos cada una. Una está relacionada con trabajos de enripiado sin contrato, sin certificados de obra ni seguros para el personal y la otra corresponde al servicio de catering de la fiesta de Santa Bárbara, con una factura sin validación y un decreto de pago carente de monto establecido.

En resumen, el Tribunal de Cuentas encontró una serie de gastos efectuados sin el sustento legal y administrativo necesario. Si los imputados no logran justificar las operaciones señaladas, podrían ser considerados responsables patrimonialmente y quedar sujetos a un eventual proceso de cobro judicial a cargo de la Fiscalía de Estado.

Sin embargo, todavía resta que los exfuncionarios ejerzan su derecho a defensa. En una primera instancia pueden hacerlo ante el mismo Tribunal, y en caso de resultar desfavorable, podrían recurrir a la Corte de Justicia provincial. El avance del proceso dependerá de la validez de los argumentos y pruebas que presenten.