La iniciativa tiene como objetivo determinar responsabilidades y garantizar la transparencia en el uso de los recursos destinados al evento.
El intendente de Jáchal, Matías Espejo, decidió avanzar por la vía institucional tras la polémica generada por la última edición de la Fiesta Nacional de la Tradición y ordenó la apertura de un sumario administrativo para esclarecer los hechos denunciados.
La medida quedó formalizada este jueves bajo el expediente N.º 874, mediante el cual se iniciaron actuaciones sumariales con el objetivo de recopilar información, determinar eventuales responsabilidades y reunir pruebas administrativas frente a las acusaciones públicas realizadas por los concejales Felipe Táñez Ruiz y Gema Casas.
Las denuncias se centran en posibles irregularidades en la contratación del servicio de seguridad durante el evento, realizado en noviembre pasado en el Anfiteatro Buenaventura Luna. Según los ediles, quienes incluso presentaron una denuncia penal ante la UFI Norte, existirían dudas sobre la habilitación de la empresa y del personal que prestó servicios en el espectáculo.
Desde el Ejecutivo municipal aclararon que, hasta el momento, los señalamientos se mantienen en el plano mediático, y que el sumario administrativo busca precisamente“ordenar, verificar y documentar”cada etapa del procedimiento de contratación.
Con esta decisión, Espejo apunta a que la investigación interna avance de manera independiente, permita reconstruir los circuitos administrativos y determine si existieron irregularidades. En caso de comprobarse responsabilidades, el expediente permitirá establecer las sanciones correspondientes dentro del ámbito municipal.
Desde la comuna destacaron que la apertura del sumario reafirma el compromiso de la gestión con la transparencia, la rendición de cuentas y el control del uso de los recursos públicos, especialmente en eventos de gran magnitud e impacto cultural y económico para la comunidad jachallera.
El proceso administrativo se desarrollará en paralelo a cualquier eventual actuación judicial que pudiera derivarse de la denuncia presentada por los concejales.