SAN JUAN
TENSIÓN EN SAN MIGUEL Y CALLE 6
La aprobación se concretó durante la segunda sesión especial. La oposición puso el foco en el impacto ambiental, el uso del agua y el escaso tiempo disponible para analizar la documentación, mientras que el oficialismo defendió el acuerdo y destacó la previsibilidad que brinda.
La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este miércoles el convenio entre el Gobierno provincial y la empresa minera Vicuña, durante la segunda sesión especial convocada para tratar el acuerdo. La iniciativa obtuvo 27 votos a favor y 9 en contra, lo que permitió al oficialismo avanzar con el proyecto con una amplia mayoría, pese al fuerte debate que generó en el recinto.
El tratamiento legislativo estuvo marcado por cruces entre oficialismo y oposición, principalmente por cuestiones vinculadas con el alcance del convenio, los controles ambientales, el uso del agua y las obligaciones que asumirá la Provincia.
Desde el oficialismo defendieron que el acuerdo permitirá anticipar recursos para obras de infraestructura estratégicas y aportará previsibilidad al desarrollo del proyecto minero. En tanto, desde el peronismo expresaron reparos por los posibles impactos ambientales y cuestionaron el tiempo disponible para analizar la documentación.
Uno de los ejes centrales del proyecto fue la ratificación del Acta Compromiso entre el Gobierno de San Juan y Vicuña, que establece las condiciones para el desarrollo del emprendimiento minero.
El convenio fija en 3% las regalías, de acuerdo con el marco jurídico provincial, y establece un esquema de aportes determinado y previsible.
Durante el debate, el diputado oficialista Andrés Castro explicó que el aporte estará disponible a partir del 20 de diciembre de 2026 y tendrá carácter fijo. Además, señaló que no podrá ser compensado con futuras regalías, no será considerado un adelanto sujeto a devolución ni podrá imputarse contra otros aportes que la Provincia reciba posteriormente.
Los fondos podrán utilizarse de manera directa o indirecta para financiar obras dentro del área de influencia del proyecto.
Para administrar esos recursos, el convenio contempla la creación de un fideicomiso a través del Banco San Juan, bajo control provincial. El mecanismo también incluye auditorías externas anuales y la intervención del Tribunal de Cuentas.
Durante la sesión, Andrés Castro, del bloque Producción y Trabajo, fue uno de los principales encargados de defender la iniciativa. El legislador sostuvo que el convenio establece un esquema de “aporte claro, previsible” y busca compatibilizar las necesidades de la Provincia con las condiciones que requiere la actividad minera para concretar inversiones a largo plazo.
Para Castro, el acuerdo implica “asumir previsibilidad política para el San Juan del futuro” y genera un marco que permitirá avanzar con proyectos de infraestructura vinculados al desarrollo minero.
El diputado también destacó los mecanismos previstos para controlar el fideicomiso y sostuvo que los recursos derivados del convenio podrán transformarse en obras de infraestructura para los sanjuaninos.
Uno de los principales cuestionamientos de la oposición estuvo a cargo de la diputada Stella Caparrós, quien advirtió que el debate no debía limitarse al monto de los recursos que recibirá la Provincia.
La legisladora planteó la necesidad de analizar los posibles riesgos ambientales de un proyecto cuya vida útil está estimada en 25 años, con especial atención en el uso del agua y el dique de colas.
Caparrós señaló que la documentación presentada contempla posibles efectos sobre el recurso hídrico y advirtió sobre las consecuencias que podrían alcanzar a sectores y comunidades ubicados aguas abajo.
En ese marco, reclamó controles ambientales estrictos y sostuvo que el dique de colas debe contar con “el máximo estándar de seguridad posible”.
“Mi planteo no es contra la inversión, es a favor de San Juan”, sostuvo durante su intervención.
El diputado peronista Mario Herrero, del espacio San Juan Vuelve, centró sus críticas en el procedimiento utilizado para tratar el convenio.
El legislador cuestionó que mientras el Gobierno provincial tuvo más de un año y medio de negociaciones, los diputados dispusieron de apenas cinco días para analizar la documentación antes de votar.
“Hubiese preferido utilizar más días de los 60 que poner el plazo condicionante”, manifestó.
Herrero también planteó reparos vinculados con cuestiones constitucionales y ambientales. Según su interpretación, algunos puntos del convenio podrían entrar en tensión con obligaciones previstas en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la legislación ambiental.
Entre otros aspectos, cuestionó la periodicidad de la revisión de la Declaración de Impacto Ambiental y sostuvo que las obligaciones establecidas por ley no pueden quedar sujetas exclusivamente a un acuerdo entre las partes.
También expresó reparos sobre la posibilidad de establecer nuevos aportes vinculados con futuras obligaciones ambientales.
“Entiendo que hay intereses sectoriales, pero no hay ningún interés sectorial que pueda estar por encima del interés general y del bien común”, afirmó.
Desde el oficialismo, la diputada radical Alejandra Leonardo respondió a los cuestionamientos y aseguró que algunas de las críticas partían de una interpretación incorrecta del convenio.
“Me preocupa la confusión que hay con la supuesta renuncia. San Juan no está renunciando a nada”, sostuvo.
La legisladora defendió las facultades de la Provincia para controlar el proyecto y negó que el acuerdo implique resignar competencias ambientales o el poder de policía.
Según explicó, uno de los objetivos centrales es adelantar obras de infraestructura para que los sanjuaninos puedan disponer de ellas antes de que el proyecto minero alcance su pleno desarrollo.
Leonardo también afirmó que las cuestiones ambientales continúan sujetas a los requerimientos técnicos establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental.
“Nunca se dijo que no se van a cumplir los requerimientos, sino al contrario, lo que se va a hacer es cumplirlos ahora”, aseguró.
Luego de un extenso debate, en el que también participaron legisladores de La Libertad Avanza, el Bloque Bloquista y otros espacios, la Cámara de Diputados finalmente aprobó el convenio entre el Gobierno de San Juan y Vicuña.
La votación terminó con 27 votos positivos y 9 negativos, consolidando una amplia mayoría a favor de la iniciativa.
El tratamiento volvió a mostrar las diferencias entre el oficialismo y la oposición en torno a proyectos vinculados con la actividad minera y el desarrollo económico de la provincia, en línea con otros debates de peso que atravesaron a la actual composición de la Legislatura.
