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Uno de los episodios que llamó la atención de los efectivos ocurrió cuando la niña manifestó: “Estoy atendiendo yo, ahora”. De acuerdo con la investigación, la menor quedaba a cargo de la presunta actividad de venta cuando su madre no estaba en el domicilio.
Una investigación de la Policía Federal permitió desbaratar un presunto punto de venta de cocaína en Pocito, donde una niña de 12 años habría sido obligada a atender a los compradores cuando su madre se ausentaba de la vivienda. El procedimiento terminó con dos mujeres detenidas y el secuestro de 78 dosis de droga, además de una importante suma de dinero en efectivo.
La pesquisa se extendió durante más de dos meses y contó con tareas de vigilancia y registros audiovisuales. Según los investigadores, las pruebas reunidas permitieron establecer que en una casa ubicada en las inmediaciones de las calles Olmos y Rodríguez funcionaba un lugar de comercialización de estupefacientes.
Uno de los episodios que llamó la atención de los efectivos ocurrió cuando la niña manifestó: “Estoy atendiendo yo, ahora”. De acuerdo con la investigación, la menor quedaba a cargo de la presunta actividad de venta cuando su madre no estaba en el domicilio.
El allanamiento se concretó el 24 de septiembre por orden del fiscal federal Francisco Maldonado. Durante el operativo, los efectivos secuestraron 78 dosis de cocaína preparadas para la venta y dinero en efectivo.
La madre de la niña, identificada por sus iniciales como T.S.D., de 29 años, fue detenida junto con Ivana Marcela Díaz, de 49 años, domiciliada en Chimbas. La identidad de la primera mujer se mantiene reservada para proteger a la menor.
Ambas quedaron imputadas por el delito de comercialización de estupefacientes, agravado por la utilización de una persona menor de edad, según fuentes vinculadas al caso.
La investigación sostiene que Díaz habría colaborado con la actividad y también habría participado en la venta de cocaína. Su presunta intervención deberá determinarse durante el proceso judicial.
De acuerdo con fuentes del caso, las dos mujeres cuentan con antecedentes penales relacionados con estupefacientes.
La madre de la niña cumplía una condena de dos años de ejecución condicional, dictada en 2024 por tenencia simple de drogas. Por su parte, Díaz tenía una pena de prisión domiciliaria por su participación secundaria en la comercialización de estupefacientes, en una causa iniciada en 2025.
La gravedad de los hechos investigados llevó al fiscal Maldonado a solicitar la prisión preventiva para T.S.D. En un primer momento, el juez Leopoldo Rago Gallo dispuso su traslado al penal de Chimbas.
Sin embargo, la defensa, a cargo del abogado Alejandro Castán, impugnó la medida y argumentó que la mujer tenía hijos pequeños a su cargo. Posteriormente, un juez de Mendoza hizo lugar al planteo y le concedió la detención domiciliaria.
Díaz también cumple arresto domiciliario en su vivienda de Chimbas, debido a que tiene una hija con discapacidad que requiere atención especial.
Tras la detención de la madre, la niña de 12 años y sus dos hermanos menores quedaron inicialmente bajo la intervención de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia.
A pedido del Ministerio Público Fiscal, la menor y uno de sus hermanos, de 11 años, fueron retirados de la vivienda de Pocito y quedaron al cuidado de una tía. Además, personal de la Línea 102 mantiene el seguimiento de la situación familiar.
La causa continúa en la Justicia Federal y las dos mujeres enfrentan una imputación que, de acuerdo con la calificación legal informada, podría contemplar penas de entre seis y 20 años de prisión en caso de una condena.
Mientras avanza la investigación, las autoridades también intervienen para resguardar a los menores involucrados y garantizar su protección.
