Caracas, 29 oct (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que el ejercicio responsable de la política está garantizado en el país e instruyó a los cuerpos de seguridad que "ninguna persona sea detenida" sin una orden judicial, una práctica que ha sido constante durante los últimos años, según denuncias de ONG.
"Todos tenemos derecho a pensar distinto, sin temor a represalias de ningún tipo", dijo Rodríguez durante un breve mensaje a la nación ofrecido minutos antes de que la líder opositora María Corina Machado sostenga un encuentro con medios de comunicación tras su esperado regreso.
En ese sentido, indicó que instruyó "a los cuerpos de seguridad para que ninguna persona sea detenida sin orden judicial, salvo los casos de flagrante comisión de delito" y añadió que "el ejercicio responsable de la política está garantizado para todos y para todas".
Asimismo, recordó que las protestas pacificas son un derecho constitucional siempre que estén acompañadas "del respeto a la integridad física y moral" de los funcionarios de los cuerpos de seguridad.
Las nuevas decisiones se enmarcan en un proceso de "transformación" que ordenó, luego de asumir la jefatura de Estado por orden el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero.
Desde entonces, y en un contexto marcado por la presión de Washington, Rodríguez ha ordenado la liberación de cientos presos políticos, la renovación del sistema de justicia y ha flexibilizado las restricciones en el ejercicio de la política que por años estuvo marcada por denuncias de represión y detenciones arbitrarias.
La mandataria recordó que también llevó al Parlamento una ley de amnistía que, según dijo, ha beneficiado a casi 9.000 personas y reiteró que "más de mil personas han sido puestas en libertad producto de la aplicación de esta" norma y de otros instrumentos.
Además recordó que también propuso la reforma de la ley contra el odio que, volvió a reconocer, se ha "aplicado de forma abusiva" y pidió nuevamente al Parlamento llevar a "un proceso amplio de consultas" sobre esa criticada normativa.
Según dijo, una vez que sea aprobada la reforma, "el sistema de justicia deberá revisar los casos de personas procesadas" bajo esta ley.
