Uno de los grandes impulsores de la polémica iniciativa que buscaba gravar con 8% a los videojuegos en México fue el diputado de Morena, Armando Samaniego. La medida se echó para atrás y hoy nadie quiere reconocer su paternidad, incluido el legislador, quien recientemente se deslindó de aquel escándalo y ahora trata de poner buena cara a los gamers mexicanos.
Durante un evento público, el diputado federal declaró que no fue él quien promovió ese impuesto y además se adjudicó su eliminación al asegurar que fue gracias a las pláticas que tuvo con muchos jugadores mexicanos que las quejas llegaron a la presidencia y por eso no se aprobó.
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Durante un reciente evento público en sus aspiraciones como candidato de Morena y la 4T para ser presidente municipal de Mexicali, Baja California, el diputado José Armando Fernández Samaniego se deslindó de la iniciativa que enfureció a los jugadores y a la industria nacional de gaming el año pasado.
Al respecto, el legislador declaró:
"Era una propuesta que venía en la iniciativa de Ley Federal de Derechos para el 2026, pero venía del Ejecutivo. Me subí a tribuna para defender la Ley Federal de Derechos para el 2026 de la presidenta Caludia Sheinbaum Pardo, pero afortunadamente logramos dialogar, y ahí sí fue su servidor, dialogar con una comunidad grande de gamers en México y, pues le llegó a oídos a la presidenta y pudimos eliminar este derecho del 8% a videojuegos violentos, qué bueno que se quitó".
Aunque sus recientes declaraciones tienen un tinte político dado su interés de la presidencia municipal de Mexicali, Baja California, las declaraciones de Armando Samaniego en la Cámara de Diputados quedaron para la historia.
El año pasado, el legislador aseguró que los videojuegos considerados "violentos" eran generadores de problemas y daño a la sociedad mexicana, de ahí que un impuesto de 8% sería, desde su perspectiva, un acto de justicia social.
Aunque en sus declaraciones el diputado Armando Samaniego se atribuye el diálogo con los jugadores mexicanos y que éste llegó a "oídos" de la presidenta Claudia Sheinbaum, la realidad es que la marca atrás se logró en 2 frentes.
Por un lado, la comunidad de gamers en México alzó la voz en redes sociales y se organizó para manifestar su desacuerdo con la medida fiscal a través de los canales correspondientes. En este caso, se pusieron en contacto con los diputados de sus localidades para exigir que votaran en contra del impuesto.
Esto, junto con la visibilidad que se logró en redes sociales, generaron el suficiente interés como para que los representantes y el Poder Ejecutivo actuaran en consecuencia.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, alzó la voz contra el impuesto y la estigmatización de los gamers. Junto con el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, promovieron una iniciativa para derogar el impuesto que pasó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra con estatus "pendiente".
La medida fiscal formaba parte de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), presentada dentro del Paquete Económico 2026 y el Senado aprobó la reforma con 76 votos a favor y 34 en contra en lo particular el 29 de octubre de 2025.
Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que no se cobraría el impuesto dada la incapacidad para establecer criterios que definieran el concepto y nivel de violencia en un videojuego. Aunque la medida fiscal no se eliminó del Paquete Económico 2026, la presidenta firmó un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de este año donde se otorga un estímulo fiscal de 100% por la venta y distribución de videojuegos que podrían considerarse violentos.
No hay registro de que los actos de Armando Samaniego y su "diálogo" con la comunidad de jugadores mexicanos tenga relación con la decisión del Poder Ejecutivo para sacar la vuelta, que no solución, a esta problemática.
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